Así que nos causa relativa sorpresa la sarta de barbaridades de la Academia de la Historia. Sorpresa y mucha pena.
En las manos de todos nosotros está el hacer justicia a la memoria, como en el excelente artículo de Fernando Hernández Sánchez en el diario Público, que copiamos a continuación:
FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Que el conocimiento de nuestra historia contemporánea sigue siendo pasto de tergiversaciones no le es ajeno a quien conozca el éxito de los best sellers del revisionismo franquista. Es un síntoma de que algo ha fallado, de que la investigación académica no ha calado hasta los niveles básicos de la enseñanza, allí donde la mayoría de los ciudadanos adquiere el conocimiento de su historia reciente. Es como si, frente a los avances en la Biología, en las aulas continuasen enseñándose los preceptos del creacionismo.
La publicación del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia no deja de ser un caro monumento a una historiografía caduca y a la egolatría de alguno de sus inspiradores. Tampoco es la primera vez que la vetusta institución rinde un servicio al conservadurismo rancio: durante el aznarato proporcionó munición para la renacionalización del currículum escolar, supuestamente amenazado por los localismos y la disolvente pedagogía moderna. Fue la época en que alguien del Ministerio de Educación se lució afirmando que en las clases de Historia había que enseñar quién, dónde, cómo y cuándo, pero no las razones, que son controvertibles.
Lo peor no es lo de la Academia. Más preocupante es lo que ocurre en la enseñanza obligatoria. En la actual ordenación de la ESO, la Historia reciente se imparte en el último curso. Tres horas semanales no son suficientes para completar un temario que abarca desde el siglo XVIII hasta hoy. En la práctica, es probable que muchos estudiantes estén abandonado la escolarización sin un conocimiento adecuado de las raíces de la sociedad en que se insertarán como ciudadanos activos. Los libros de texto son una herramienta habitual en el aula. La mayoría se acogen a un modelo teleológico, en el que los acontecimientos se encadenan para conducir a un final previsible. La República y la Guerra Civil van emparejadas en una misma unidad didáctica. La República queda connotada como un periodo conflictivo cuyas contradicciones desembocan fatalmente en tragedia: “Se produjeron oleadas de huelgas, quemas de iglesias y enfrentamientos armados entre falangistas y militantes de las organizaciones obreras”, dice el manual de Santillana, mezclando el legítimo ejercicio de un derecho constitucional con manifestaciones de piromanía anticlerical y actos terroristas. Muy al estilo de los discursos coetáneos de Gil Robles al que, por cierto, se rebaja de categoría: según Santillana y Oxford, era Calvo Sotelo, con 12 escaños frente a los 88 de la CEDA, el auténtico “líder de la derecha”. Pitágoras no habría entendido nada.
Se emplea “bando” para referirse a las partes en guerra, como si el gobierno legítimo y los sediciosos estuviesen en plano de equivalencia. ¿Sería aceptable una lectura del 23-F que lo describiera como el choque los bandos de Milans-Tejero-Armada, y el monárquico-constitucional? ¿Aceptaría la derecha democrática que la figura de Suárez fuera pintada con los trazos con que le caracterizó el búnker? Entonces, ¿por qué aceptar que, según el manual de Vicens Vives: “Juan Negrín formó un nuevo gobierno (…) con una fuerte influencia comunista” (aunque el PCE tuviera las mismas dos carteras –2 de 11– que el anterior)? Anaya remata: “El Gobierno estuvo dirigido hasta 1937 por el socialista Francisco Largo Caballero, y desde entonces por el comunista Juan Negrín”. Sic.
Con la cesura entre Guerra Civil y franquismo, este queda exonerado de su origen. Como si el franquismo no hubiera sido siempre el “Estado del 18 de julio”, la continuación de la Guerra Civil por otros medios. Sin embargo, según los manuales, tras una fase de aislamiento, implantó el desarrollismo gracias a su alianza con los EEUU y al despliegue, según Anaya, de iniciativas harto incomprensibles: “La democracia orgánica se impuso a partir de 1942 (…) Restablecía organismos propios de una democracia, pero sin un funcionamiento democrático” (¿?). Más claramente, el libro de Mc Graw Hill fija los hitos que hicieron eclosionar la democracia desde el seno del propio sistema: “El crecimiento económico sirvió para legitimar y reforzar al régimen, que poco a poco fue iniciando una reforma política, aunque muy tibia: La Ley Orgánica del Estado (1967) parecía suavizar la dictadura; la Ley de Prensa (1966) posibilitó el inicio de cierta libertad de expresión; desde 1965 la huelga dejó de estar tipificada como delito (…) La culminación de este aperturismo fue el nombramiento de Don Juan Carlos, en 1969, como sucesor de Franco a título de Rey”. Colorín, colorado.
Episodios fundamentales de la memoria democrática quedan invisibilizados. Poco o nada leerán los estudiantes sobre exilio, maquis, resistencia en Francia, españoles en los campos nazis, cárceles y trabajos forzados, ejecuciones sumarísimas, depuración del magisterio, leyes de excepción y tribunales especiales, clandestinidad, persecución de otras religiones y de la objeción de conciencia, Ley de Peligrosidad Social, censura moral e intelectual, violencia en la Transición, temas que deberían ser de obligado conocimiento para la correcta valoración del precio al que se consiguieron las libertades democráticas. Los docentes deberían asumir la tarea de desvelar a los ciudadanos de mañana la realidad de nuestro pasado reciente. Es un imperativo no ya historiográfico, sino cívico.
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