Artículo aparecido en La Verdad de Murcia el 16 de julio de 2017.
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¡Salud y enseñanza!
La muerte de los dos últimos maestros murcianos de la República
desempolva la historia de los cientos de docentes encarcelados,
desterrados de la Región o apartados de sus aulas por el único 'delito'
de impartir su magisterio
La historia la escriben los vencedores, pero el tiempo siempre da voz a
los vencidos. Y esa voz desgarra entonces décadas de desprecio e
injusticias, demenciales expedientes de depuración, insoportables
destierros, terribles condenas a muerte y, acaso lo peor de todo, la
silenciosa espera para volver a invocar la libertad. Para ello, como es
el caso de los maestros murcianos de la Segunda República, fue necesario
vivir lo suficiente. Resarcirse en años. Y eso lo disfrutaron los dos
históricos republicanos que fallecieron hace unos días en la Región. En
sus vidas, el saludo «¡Salud y República!» se hizo carne centenaria.
El primero de ellos fue el maestro José Castaño Sandoval, que falleció
con 100 años el pasado 29 de junio, al que siguió José Antonio Campuzano
López, de 103 años, el día 9 de este mes. Casualmente, esa misma
jornada murió José Fuentes Yepes, con otro siglo de experiencias a
cuestas y quien también enseñó durante toda su vida, sin ser profesor
siquiera, valores de respeto, convivencia y democracia.
Los tres pudieron degustar qué se siente al decir lo que se
piensa sin temer las consecuencias. Pero otros muchos no tuvieron tanta
suerte. Un total de 242 profesores murcianos fueron procesados tras
concluir la Guerra Civil (1936-1939) por sus ideas políticas. Uno de
cada seis, si tenemos en cuenta que en 1935 había en la Región 1.274
docentes.
Entre los represaliados, 212 eran de Primaria,
18 de Secundaria y otros 12 universitarios. Las sentencias medias de
prisión oscilaron entre los 6,2 y los 9,7 años. Dieciocho fueron
condenados a muerte, aunque solo ejecutaron a la mitad. Solo. Estos
datos, recabados por el exsenador e historiador Antonio Martínez
Ovejero, esconden otra realidad olvidada: «El número y la proporción de
maestras procesadas, casi el 16%, sólo es comparable al mismo porcentaje
de trabajadoras de toda la industria (18%)».
Quienes más perdieron, desde luego, perdieron la vida. Como los tres
catedráticos de la Escuela Normal de Magisterio que fueron fusilados:
Javier Paulino Torres, también secretario general de Unión Republicana;
Fernando Piñuela Romero, socialista y alcalde de Murcia; y Enrique Esbrí
Fernández, diputado en las Constituyentes de 1931 por Jaén y asesinado
en julio de 1936 mientras presidía un tribunal de oposiciones de
Magisterio. O el maestro de Blanca Ricardo Ruiz Molina, militante del
PSOE y el PCE, al que fusilaron con 33 años en 1942.
Existe cierto consenso entre los expertos para ensalzar el modelo
educativo que estableció la Segunda República, cuya Constitución de 1931
no incluía un capítulo expreso, pero estableció una escuela pública,
obligatoria, laica y mixta, además de garantizar la libertad de cátedra.
Entretanto, a partir de mayo del mismo año comenzaron las misiones
pedagógicas, cuyo objetivo era que la cultura alcanzara hasta las aldeas
más perdidas. Esta reformas cautivaron al archenero José Antonio
Campuzano López, quien ejerció como maestro a partir de 1934. Solo su
pasión por la enseñanza podía rivalizar con su compromiso ideológico.
Eso le valió un par de condenas y, lo más doloroso, la expulsión del
magisterio tras la Guerra.
Pero él no se arredró. Fundó el colegio Andrés Manjón, que se mantendría
abierto hasta la creación de un instituto de enseñanza media. En 1951
fue readmitido y en 1978 recibió la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. Y
la Medalla de Oro de la Ciudad de Xixona. Orgulloso de estas
distinciones por su dedicación a la enseñanza, aún más lo estuvo de sus
alumnos. Uno de ellos, Francisco Gallego, lo recuerda con lágrimas en
los ojos. «No ha habido otro. Gracias a él aprobé las oposiciones. No
hacía excepciones. Quería que todo el mundo estudiara, especialmente los
más pobres». De igual forma ayudó a José Carbonell, a quien el maestro
Campuzano, quien tanto disfrutaba leyendo a Miguel Hernández, enseñó
«desde que yo tenía 9 años hasta que acabé la carrera». De maestro, por
cierto. «El timbre de la clase no contaba». Rufina Campuzano, su hija,
también destaca emocionada su «bondad, su respeto e integridad. Era tan
serio en su profesión como cariñoso para la familia».
Las condenas no terminaban con la salida en libertad condicional. Lo
habitual era que antes de abandonar la cárcel, las autoridades
preguntaran por carta al alcalde de la localidad si tenía algún
inconveniente en que el reo quedara libre. De no tenerlo, también debía
autorizar su regreso a la ciudad, algo que en muchos casos no se
permitía.
Alejar a los 'rojos' de sus antiguas aulas se articulaba con destierros,
cuando menos, entre 100 y 150 kilómetros de sus destinos, distancias
insalvables para la época. Y que quedara ahí la cosa. Porque la
persecución se extendía incluso hasta prohibir la docencia en clases
particulares o centros privados.
El maestro de Los Alcázares Francisco Chumilla, por ejemplo,
después de sufrir dos años de prisión, se ganaba la vida impartiendo
clases por los caseríos, actividad que pronto atrajo la atención de las
autoridades franquistas. En una carta del jefe provincial del Servicio
Español de Magisterio de Murcia (SEM), Ángel Fernández Picón, al
gobernador civil, se le advertía de que permitirle a Chumillas esa tarea
provocaba «el consiguiente perjuicio para la formación moral de los
niños».
Prueba de ello era un informe del
párroco del lugar, quien advertía de que «no asiste a ningún acto de
culto católico, [...] su conducta moral es pésima y altamente nociva
para los niños». Así que se proponía «prohibirle que [...] continúe
dedicándose a la enseñanza privada».
Hubo otros para quienes no fue necesario informe alguno. No volverían a
dar una clase en sus vidas. Eso le sucedió a José Martínez Serra.
Pertenecía al grupo de maestros procedentes del plan de 1931 y de los
cursillos de perfeccionamiento de 1936. De ahí que los llamaran
'cursillistas del 36'.
Todos quedaron suspendidos de empleo y sueldo cuando terminó la guerra.
Es más: se anularon las disposiciones administrativas republicanas
realizadas con posterioridad al 18 de julio, fecha del alzamiento.
Martínez Serra no recuperaría su título hasta cuatro décadas más tarde,
en 1982, cuando se publicó la orden en el BOE. Pero falleció al día
siguiente. «Un día antes lo llamó un compañero. Y le dijo: '¡Mañana
volvemos a ser maestros!'. Quizá la emoción le costó la vida», recuerda
su hijo, Antonio Martínez Ovejero.
El caso de José se sumó al de quienes perdieron su trabajo
en la Dictadura. Ramón Jiménez Madrid, en un estudio titulado 'La
depuración de los maestros en Murcia, 1939-42, primeros papeles',
demostró que de los 1.214 docentes que había en la Región en 1935 fueron
expedientados 920. Lo cierto es que todos, sospechosos o no, tenían que
pasar ese trago. El resultado de aquella depuración arrojó un total de
68 (7,4%) profesores expulsados del Cuerpo de Magisterio, 177 (19,3%)
inhabilitados para cargos de confianza, 50 (5,5 %), suspendidos
temporalmente de empleo y sueldo y, un centenar (10,9%), trasladados
forzosamente. En total, un 43,1% fueron sancionados de un modo u otro.
De aquel sueño de una enseñanza libre apenas quedaron fotos ajadas, como
la que inmortalizó junto a sus alumnos a José Rodríguez, profesor y
luego alcalde republicano de Mazarrón.
En el primer grupo
se encontraba el maestro José Castaño Sandoval, quien hoy tiene un
colegio a su nombre en la ciudad de Murcia, pero tras acabar la Guerra
se lo arrebataron todo. Durante cerca de 35 años, entre 1941 y 1975, se
vio privado de su mayor pasión: la docencia.
Castaño pasó de ser profesor en 1938 en la escuela graduada de la plaza
de la Paja, en el barrio de El Carmen, a ingresar en prisión en mayo del
año siguiente, solo dos meses después de acabar la guerra. Y en junio
lo condenaron a 30 años de reclusión. Los cargos: haber defendido la
República y ocupar cargos en instituciones como el Comité Provincial y
la Fundación Universitaria Escolar. Sus estudios fueron anulados, lo que
le obligó, cuando salió en libertad dos años y medio más tarde, a
buscarse la vida en diversas ocupaciones. Eso, sin contar aquella otra
persecución más silenciosa. Por ejemplo, cuando solicitó el pasaporte
para visitar a un hermano residente en el extranjero, en el reverso del
documento alguien había escrito: 'Elemento rojo peligroso'.
Castaño habría de esperar a que muriera el dictador en 1975 para ser
readmitido en el cuerpo nacional junto a otros cinco murcianos. Hacía 36
años que no pisaba un aula. Y su particular venganza, aunque nunca fue
un hombre de rencores, fue continuar impartiendo clases hasta 38 años
después, cuando ya contaba 96 años. Solo abandonó tras una caída. En
1991 le pusieron el nombre a su amado colegio. Y el Consejo de Ministros
le concedió la Medalla de Oro al Trabajo en 2007. De nuevo, la voz del
vencido se elevó para defender la democracia mientras la antigua prisión
provincial de Murcia, donde intentaron acallar sus sueños, se
desmoronaba. Si algún resquemor atesoró solo fue el convencimiento de
que, sin el franquismo, «España hoy sería otra». Su hija Victoria
recuerda que «jamás guardó odio. Nunca le oí ni una palabra en ese
sentido». Opinión que comparte Begoña García Retegui, destacada
dirigente socialista, quien resalta «la pasión por la defensa de la
convivencia, sin rencor alguno, y de la democracia en todos sus
aspectos».
Similares valores defendió siempre Encarna Zorita, otra de
las históricas maestras de aquel Plan del 31, quien también fue
rehabilitada tras morir Franco. «Integraba una promoción brillante y
jamás quisieron transmitir rencor», recuerda su hijo, José Salvador
Fuentes Zorita, quien destaca el convencimiento de Encarna de que en una
clase «no debe entrar la política ni la religión. Su objetivo era
formar ciudadanos libres, que luego eligieran su camino».
Parecida
biografía presenta la lorquina y escritora Pilar Barnés, cuyo ilustre
nombre engalana una biblioteca y es considerada por muchos como la mejor
maestra que ha ejercido en Lorca a lo largo de su historia.
El régimen empleó cuatro formas de extender la depuración.
Mientras unos eran sometidos a consejos de guerra, en virtud del Código
de Justicia Militar, otros eran expulsados o sancionados. Los expertos
cifran en solo un 3% las absoluciones. En tercer lugar, también les fue
de aplicación la ley de Responsabilidades Políticas. Estaba destinada a
«quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la
subversión roja». Por último, por si algo faltaba, algunos fueron
sometidos al Tribunal de la Masonería y el Comunismo. Era curioso: allí
se juzgaba a miembros de los dos grupos, incompatibles en esencia. Pero
se los fusilaba con el mismo odio.
Todos los maestros
represaliados padecieron tres de las cuatro categorías. Por suerte, el
atasco en los tribunales y la masificación en las cárceles favoreció la
puesta en libertad de muchos. Como destaca el maestro y político Pedro
Antonio Ríos, «nunca hablaban de la cárcel ni de sus sufrimientos. Han
sido, pese a su edad, gente joven que recuperó el protagonismo social de
los valores republicanos, saltando una generación. Otros murieron, por
desgracia, en el anonimato».
Basta pensar que hubo entre 33.000 y 35.000 murcianos «no afectos» al
régimen en manos, literalmente en tantos casos, de las autoridades. Y
mientras algunos se enzarzaron en rellenar cientos de miles de páginas
de expedientes de depuración, a muchos de aquellos represaliados solo
les quedaron sus nutridas bibliotecas y el anhelo de que, algún día y
así pasaran cien años, podrían volver a invocar la libertad de enseñanza
por cuya defensa lo habían perdido todo.
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Paco Gallego, presidente del Ateneo |
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José Antonio Campuzano en las "Escuelas Graduadas" de Archena -1934/35 |
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Rufina Campuzano, junto al busto de su padre José Antonio |
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José Antonio Campuzano |
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José Rodríguez con sus alumnos |
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El exdiputado Pedro Antonio Ríos |
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José Martínez Serra |
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El maestro Castaño, en el homenaje de su centésimo cumpleaños. |
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Informe de la dictadura sobre una maestra represaliada |